La empatía exige mucho más que reconocer que alguien sufre. Obliga a escuchar, comprender las circunstancias de ese sufrimiento y actuar para aliviarlo. En el servicio público, ese principio adquiere una dimensión concreta: las decisiones deben proteger la dignidad de las personas. Por eso, cuando una secretaria de la Familia insiste en permanecer mientras trabajadores reclaman cambios y comunidades necesitan respuestas, corresponde preguntar a quién sirve realmente esa permanencia.
Suzanne Roig expresó que no tiene razón para renunciar. Ello, luego de que expresara el respaldo por los profesionales del trabajo social que laboran en la agencia. Su afirmación, frente al reclamo público de empleados de su propia agencia, revela para mí una profunda desconexión entre la evaluación que hace de su gestión y el malestar que debe atender. La confianza de la gobernadora puede sostener un nombramiento, pero no sustituye la confianza de quienes necesitan servicios ni la de quienes tienen la responsabilidad cotidiana de ofrecerlos.
Seamos justos: las condiciones del Departamento de la Familia no las creó Suzanne Roig. Los problemas de recursos, continuidad de servicios y desgaste institucional no comenzaron con su llegada. Sería irresponsable atribuirle toda la historia de una agencia. Sin embargo, heredar una crisis no exime de responsabilidad por las decisiones presentes. Precisamente porque recibió una estructura vulnerable, su obligación era fortalecerla, escuchar a su personal y evitar profundizar sus fracturas.
A mi juicio, su gestión ha perjudicado aún más esa estructura, particularmente la confianza indispensable para sostenerla. Los reclamos de empleados y las denuncias sindicales sobre un ambiente de temor, presuntas represalias y recursos insuficientes merecen respuestas verificables. Son señalamientos que deben examinarse con rigor, pero su gravedad exige atención inmediata. Una administración empática abre espacios de escucha, explica sus decisiones y demuestra cómo corregirá aquello que está fallando.
Nuestra clase profesional conoce las consecuencias de trabajar dentro de sistemas que exigen resultados sin garantizar condiciones adecuadas. El compromiso del trabajo social no convierte el agotamiento en una obligación ética. Tampoco autoriza a una administración a descansar indefinidamente en el sacrificio de sus profesionales. Escuchar sus advertencias es reconocer conocimiento especializado, experiencia y responsabilidad. Desatenderlas debilita tanto a quienes prestan los servicios como a quienes dependen de ellos.
La empatía hacia las comunidades vulneradas requiere entender que detrás de cada trámite hay una vida. Una persona mayor que necesita apoyo, una familia que solicita ayuda o un niño cuya seguridad requiere intervención no pueden organizar su necesidad alrededor de las controversias del poder. Para ellos, la respuesta institucional tiene consecuencias concretas. El tiempo administrativo y el tiempo del sufrimiento humano rara vez transcurren al mismo ritmo.
Por eso preocupa una defensa del cargo centrada en quién tiene la autoridad para remover a su titular. La responsabilidad pública también se mide frente a la ciudadanía. Una secretaria debe preguntarse si su permanencia contribuye a resolver la crisis o
añade obstáculos para recuperar credibilidad y cooperación. La empatía comienza por aceptar que otras personas pueden estar pagando el costo de una gestión que su dirigente todavía considera defendible.
No sabemos hasta dónde puede llegar este deterioro. Esa incertidumbre debería movilizar decisiones responsables, porque esperar a que la situación empeore es una forma inaceptable de administrar la vulnerabilidad. Puerto Rico necesita una dirección capaz de reconstruir vínculos con su personal, garantizar transparencia y colocar los servicios en el centro de sus prioridades. Necesita escuchar a quienes sostienen la agencia y reconocer que denunciar deficiencias también puede ser un acto de protección.
Secretaria Roig: le pido que renuncie. Lo hago desde el compromiso con las comunidades y con nuestra profesión. Su salida no resolverá automáticamente los problemas históricos del Departamento, pero permitiría iniciar una transición con otra disposición para escuchar y rendir cuentas. La renuncia debe acompañarse de continuidad de servicios, entrega ordenada de responsabilidades y medidas concretas para atender las necesidades que el personal ha señalado.
La empatía exige reconocer cuándo nuestra presencia dificulta el camino que tenemos el deber de facilitar. Usted no creó todas las condiciones que hoy enfrenta Familia; eso debe quedar claro. Pero, en mi valoración, las ha agravado al profundizar la distancia
entre la dirección y quienes reclaman respuestas. Por respeto a las comunidades vulneradas, a los profesionales y a la misión de la agencia, renuncie. El país necesita que la protección de las familias tenga prioridad sobre cualquier cargo.