La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega, informó este miércoles de los resultados de una auditoría de cumplimiento del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) que refleja una opinión adversa sobre las pruebas realizadas y los objetivos examinados entre el 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2025.
De acuerdo a los documentos, en los años fiscales 2020-21 y 2023-24, el Departamento de Hacienda depositó al DRD, 12 millones de dólares en el Fondo Especial para el Desarrollo de Categorías Menores (Fondo DCM) de los cuales otorgó 6,700,993 dólares a ocho organizaciones.
Los auditores encontraron que el DRD contrató las mismas organizaciones sin fines de lucro cada año mediante la Ley 258-2006 sin requerir propuestas para fomentar la competencia para la obtención de mejores servicios sin incluir cláusulas que son requeridas en los contratos.
La auditoría comenta que el presidente de una entidad contratada por el DRD fue nombrado de manera transitoria como especialista en Deportes y Recreación.
Posteriormente, la vigencia del contrato de dicha entidad fue extendida en dos ocasiones, lo que podría constituir un aparente conflicto de interés.
Como resultado, de la situación fue referida a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico para la evaluación correspondiente.
El informe también señala deficiencias en el proceso de contratación para el arrendamiento de una propiedad inmueble, sin incluir la evidencia de haber realizado un proceso competitivo o de subasta para buscar la mejor alternativa.
Así como deficiencias en la contratación para la ubicación de una valla publicitaria por 630,000 dólares.
Además, el DRD no utilizó el 75 % de los 180,000 dólares disponibles para realizar pautas publicitarias para los años 2022 y 2023.
Por otro lado, los auditores detectaron reglamentación sin actualizar por más de 20 años, afecta la fiscalización del uso de fondos por las entidades sin fines de lucro.
En este contexto, la contralora recomendó al secretario y a los funcionarios del DRD velar por el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentación aplicables y promover el uso efectivo y eficiente de los recursos del Gobierno en beneficio del pueblo.