El expresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y catedrático de derecho de la energía, Luis Aníbal Avilés, afirmó que la controversia alrededor del contrato de generación temporera de 400 megavatios en Aguirre revela fallas mucho más profundas que la alegada utilización no autorizada del nombre y la firma de Enchanted Rock.
A preguntas de Prensa Abierta, Avilés sostuvo que el principal problema fue la ausencia de una debida diligencia adecuada antes y durante el proceso de contratación de Power Expectations, un acuerdo cuyo valor aproximado se ha identificado en $5,800 millones.
«La firma presuntamente falsificada es el escándalo vistoso, pero el pecado verdadero es más aburrido y mucho más grave: nadie, en ningún escalón del gobierno, hizo su debida diligencia», afirmó Avilés.
Sus declaraciones se producen luego de que la Junta de Supervisión Fiscal informara, en una comunicación del 7 de agosto, que Enchanted Rock —una de las tres empresas que figuraban como vendedoras bajo el contrato— alegaba que su nombre y firma fueron utilizados sin autorización. La Junta informó además que evaluaba revocar su aprobación y referir el asunto a las autoridades.
Para Avilés, sin embargo, el asunto no debe reducirse a determinar quién utilizó una firma presuntamente falsificada.
«Este contrato fue traído por los pelos desde el primer día», sostuvo.
Avilés argumentó que una contratación de esta magnitud requería un proceso previo de cualificación de los participantes.
A su juicio, antes de solicitar propuestas para un proyecto de miles de millones de dólares debía realizarse un proceso de request for qualifications (RFQ) que permitiera confirmar quiénes eran los participantes, verificar que las empresas existían y determinar si tenían la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones que asumirían.
«Lo mínimo es que antes del ‘request for proposals’ se haga un ‘request for qualifications’: se cualifican las partes, se confirma que existen, se averigua quiénes son y se verifica si tienen la capacidad financiera para sostener lo que prometen», explicó.
Según Avilés, ese paso no ocurrió o si ocurrió, sus resultados fueron ignorados deliberadamente.
El exfuncionario sostiene además que el propio expediente de contratación contenía señales de alerta que debieron provocar un mayor escrutinio.
Entre los elementos que Avilés identifica está una fianza de licitación de $300,000 para un contrato de aproximadamente $5,800 millones, cantidad que, según señaló, era materialmente inferior a la de los demás proponentes.
También citó un análisis de capacidad financiera y liquidez realizado por el propio 3PPO el 28 de agosto de 2025, que concluyó que la propuesta no evidenciaba la capacidad organizacional ni financiera necesaria.
A ello añadió un análisis de trasfondo del 3PPO, fechado el 14 de agosto de 2025, que comparaba a la empresa con el caso de Whitefish por su pequeño tamaño y sus conexiones políticas.
«Cuando es tu propio expediente el que escribe ‘Whitefish 2.0’, la alarma no es sutil», expresó.
La referencia de Avilés al caso Whitefish alude al controvertido contrato de emergencia de generación eléctrica que la AEE otorgó en 2017 a una empresa de Montana con poca experiencia y vínculos políticos, tras el paso del huracán María.
Enchanted Rock era la pieza que cualificaba al consorcio
Según explicó Avilés, Enchanted Rock, era la empresa que aportaría la capacidad técnica, operacional y financiera que el grupo no tenía por sí mismo y que permitía que el consorcio fuera considerado cualificado bajo el RFP.
«Quítele Enchanted Rock al consorcio y el rey se queda sin ropa», afirmó.
El exfuncionario señaló además que Enchanted Rock salió a bolsa el 10 de junio, el mismo día de la ejecución del contrato, y que, según la carta del abogado de Power Expectations, dos días después notificó que no deseaba continuar. Posteriormente, sus intereses fueron asignados a Flotek.
Avilés cuestionó las consecuencias de esa salida para la viabilidad del acuerdo. «El socio que cualificaba al grupo se fue caminando, y a 57 días de firmado el contrato no hay fianza de ejecución, no hay un solo hito cumplido y no hay progreso alguno», sostuvo.
Cuestiona la estructura financiera del contrato
El expresidente de la Junta de Gobierno de la AEE también cuestionó la estructura económica del acuerdo y sostuvo que, en su opinión, el contrato nunca fue financiable. Su crítica va al hecho de que se trataba de un contrato de compraventa de energía a precio fijo cuyo financiamiento dependería exclusivamente de los ingresos por la energía efectivamente entregada, sin horas de operación garantizada. Avilés sostuvo que un proyecto de generación temporera de esta magnitud requiere mecanismos de pago que permitan garantizar ingresos suficientes para financiar la infraestructura. «La generación temporera seria se financia sobre dos patas: un pago por capacidad, porque uno paga para que la planta esté disponible, y un pago por energía, por lo que efectivamente despacha», explicó.
Cuestionó que el Negociado de Energía avalara un contrato sin un pago por capacidad. A su juicio, ello constituyó un fallo regulatorio que se agravó por la admisión de que el propio Negociado no realizó la debida diligencia.
Pero, Avilés rechazó que la responsabilidad pueda atribuirse exclusivamente a una persona o una oficina.
«Aquí falló todo el mundo, de arriba abajo», afirmó.
En su análisis mencionó a la gobernadora Jenniffer González Colón; al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech; al presidente de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y zar de energía, Josué Colón; al presidente del 3PPO, Osvaldo Carlo Linares; y al Negociado de Energía.
Según Avilés, cada uno de esos niveles tuvo una oportunidad para detener el proceso y aplicar la prueba de cualificación que, a su juicio, exigía una contratación de esta magnitud.
Avilés tampoco eximió a la Junta de Supervisión Fiscal.
Sostuvo que, aun teniendo su propia participación en el proceso de escrutinio, la Junta tampoco corroboró la validez del consorcio ni la existencia real de las empresas que decía estar aprobando.
«Todos, cada uno en su turno, dieron por bueno lo que nadie verificó», afirmó.
Para el catedrático, el eventual referido a las autoridades anunciado por la Junta de Supervisión Fiscal no debe concentrarse únicamente en la alegada falsificación de una firma.
La investigación, sostiene, debe establecer cómo un contrato de aproximadamente $5,800 millones llegó a ese punto pese a las señales de alerta que, según su análisis, ya estaban contenidas en el expediente.
«La pregunta que importa no es solamente quién falsificó una firma», afirmó. «Es quién decidió, una y otra vez, levantar un contrato de 5,800 millones sobre una empresa que todo el mundo sabía que no podía cargarlo, y por qué.»
Para Avilés, esa es la «firma» que realmente debe ser verificada.