El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Eduardo Soria, planteó ayer a Prensa Abierta la necesidad de cancelar el contrato objeto de los señalamientos formulados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) relacionados con el proceso de Power Expectations y reclamó una investigación exhaustiva e independiente sobre el manejo de la transacción y el funcionamiento de la oficina responsable del proceso de contratación.
A preguntas de este diario digital, Soria, quien presidió la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) hasta octubre de 2025, defendió la actuación del organismo que dirigía durante la adjudicación del RFP de Power Expectations. Según explicó, la Junta aprobó la adjudicación y autorizó a la AEE a proceder con la negociación del contrato a partir de las certificaciones, evaluaciones y recomendaciones que le fueron presentadas.
Sostuvo que correspondía a la Oficina de Procura de Terceros (3PPO) realizar la evaluación de la capacidad financiera, operacional y técnica de la empresa seleccionada.
«Según mi conocimiento y entendimiento de la estructura establecida, la evaluación de la capacidad financiera, operacional y técnica de la empresa seleccionada corresponde al responsable del proceso, 3PPO», indicó Soria.
El exfuncionario recalcó que esa responsabilidad no correspondía a la Junta de Directores de la AEE ni a la Junta de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3). Estas, según su explicación, actuaban a partir de la información y las recomendaciones que les presentaban las oficinas encargadas de las evaluaciones especializadas.
Soria argumentó que esa estructura responde precisamente a la necesidad de mantener una segregación de funciones que preserve la independencia de las evaluaciones y reduzca el riesgo de conflictos de interés, presiones indebidas o interferencias en los procesos de selección y adjudicación.
A partir de ese planteamiento, el expresidente de la AEE puso el foco sobre el funcionamiento del 3PPO y sobre los señalamientos contenidos en la comunicación de la Junta de Supervisión Fiscal.
Soria afirmó que ni la AEE, ni la P3, ni sus respectivas juntas intervenían en los detalles de las evaluaciones realizadas por el 3PPO. También señaló que el Negociado de Energía tampoco participaba en la evaluación interna de esos procesos de la misma manera que la oficina responsable de la transacción.
El exfuncionario advirtió, además, que cualquier intervención externa dirigida a influenciar, coaccionar o alterar una determinación que correspondiera exclusivamente al 3PPO sería preocupante y potencialmente podría tener consecuencias legales, dependiendo de los hechos que pudieran ser corroborados.
No obstante, Soria evitó adelantar conclusiones y reclamó que cualquier señalamiento sea sometido a una investigación objetiva, independiente y exhaustiva.
A su juicio, los señalamientos de la JSF justifican un escrutinio profundo sobre la capacidad, independencia, controles internos e imparcialidad con los que se están llevando a cabo las funciones del 3PPO.
«De confirmarse las deficiencias señaladas, estaríamos ante una situación que va mucho más allá de un error procesal», sostuvo.
Para Soria, una eventual confirmación de esas deficiencias obligaría a cuestionar si la oficina está cumpliendo adecuadamente con el propósito para el cual fue creada y si cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar la integridad de procesos de contratación de esta magnitud.
Favorece cancelar el contrato
El ex presidente de la Junta de la AEE no se limitó a reclamar una revisión administrativa. Expresó que favorece la cancelación del contrato objeto de los señalamientos y una investigación independiente de todo el proceso.
Esa pesquisa, según su planteamiento, debería examinar las actuaciones de las entidades y funcionarios involucrados, los controles internos, los procedimientos utilizados, el funcionamiento del 3PPO y las responsabilidades de todos los actores que participaron en la transacción.
También planteó que, dependiendo de los resultados de la investigación y del debido proceso correspondiente, debe evaluarse la continuidad del consultor responsable de apoyar o dirigir las funciones de la oficina.
El planteamiento coloca el desempeño del 3PPO en el centro de la controversia y abre la puerta a una revisión que no se limite a la adjudicación particular de Power Expectations, sino que examine el modelo mediante el cual se están estructurando y evaluando transacciones energéticas de gran escala.
Soria sostuvo que quienes tienen a su cargo la evaluación y estructuración de este tipo de acuerdos deben demostrar no solamente capacidad técnica, sino también independencia, transparencia e integridad.
«La transparencia y la rectitud en estos procesos no son negociables», afirmó.
La controversia adquiere especial relevancia por la dimensión económica de las transacciones energéticas que están siendo consideradas para Puerto Rico y por sus posibles efectos a largo plazo sobre el sistema eléctrico y las finanzas públicas.
Según el exfuncionario, los señalamientos relacionados con Power Expectations no tienen relación con COR3, FEMA ni con la administración de fondos federales.
Afirmó que se trata de un asunto separado, vinculado exclusivamente con el proceso de contratación y con las funciones y responsabilidades de las entidades que participaron en él.
El planteamiento de Soria, por tanto, combina un deslinde de la Junta que presidió con un reclamo de investigación sobre la estructura responsable de la evaluación y contratación.
Su posición es que la Junta de la AEE actuó sobre la información que le fue certificada y recomendada por las oficinas correspondientes, mientras que cualquier deficiencia en las evaluaciones especializadas debe ser examinada directamente en el ámbito del 3PPO y de quienes estuvieron a cargo de esas funciones.
La investigación que propone determinaría, precisamente, si las deficiencias señaladas fueron errores administrativos o si revelan problemas más profundos de controles, independencia, conflictos de interés o interferencia en uno de los procesos de contratación energética de mayor trascendencia para Puerto Rico.
El viernes, JSF advirtió que considera cancelar y/o revocar la aprobación de los contratos con la compañía Power Expectations para el suministro de 400 megavatios (MW) de generación eléctrica temporal, tras descubrir que, supuestamente, utilizaron la firma de las empresas integrantes bajo contrato sin la debida autorización.
La misiva, que está dirigida al presidente de la Oficina de Adquisiciones de Terceros (3PPO), Osvaldo Carlo Linares, planteó serias preocupaciones sobre el contrato de generación temporera para la Central Aguirre.
El contrato, cuyo valor máximo ronda los $5 billones, había generado dudas desde su evaluación debido a la limitada experiencia y capacidad financiera demostrada por Power Expectations y Reyes Contractor para ejecutar proyectos energéticos de esta magnitud. A pesar de esas reservas, la Junta lo aprobó de manera condicionada ante la emergencia energética y la necesidad urgente de añadir generación al sistema eléctrico. Además, según se desprende de la carta, un portavoz de Enchanted Rock había confirmado que el nombre y la firma habían sido utilizados sin autorización en medio del proceso de contratación.
La JSF considera que esto puede constituir en una acción fraudulenta.