La administración de Jenniffer González activó una respuesta interagencial mientras se mantienen las interrupciones de 48 horas para proteger el embalse Carraízo.
Puerto Rico enfrenta una etapa crítica de la sequía que afecta a la isla, con algunas regiones ya clasificadas bajo condiciones de sequía extrema, mientras el Gobierno intensifica las medidas para proteger los abastos de agua y reducir el impacto de las interrupciones del servicio sobre miles de residentes.
Ante este escenario, la gobernadora González Colón activó un amplio operativo interagencial que coloca a los jefes de las agencias y corporaciones públicas directamente en contacto con los municipios afectados. La coordinación quedó en manos de la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, quien tendrá a su cargo articular la respuesta entre las dependencias gubernamentales y los alcaldes.
La estrategia busca identificar necesidades urgentes, agilizar soluciones técnicas y garantizar la distribución de agua en las comunidades que enfrentan periodos prolongados sin servicio.
Durante la conferencia de prensa “Asunto Semanal”, Rivera Santana compareció junto al zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Josué A. Colón Ortiz, para ofrecer detalles sobre la respuesta del Gobierno a la emergencia provocada por la sequía.
Uno de los componentes principales del operativo es el Plan Interagencial de Apoyo a los Municipios, activado tras la entrada en vigor del plan de interrupciones programadas de 48 horas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
La iniciativa establece que cada municipio afectado tendrá como enlace a un jefe de agencia o titular de una corporación pública. Ese funcionario deberá trabajar directamente con el alcalde y los equipos municipales para identificar problemas, canalizar recursos, supervisar la distribución de agua mediante oasis y acelerar la atención de situaciones que requieran intervención de las agencias.
El despliegue gubernamental también incluye medidas dirigidas a las comunidades de vivienda pública, particularmente aquellas con una alta concentración de residentes.
El administrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Juan Rosario Hernández, coordinó el inicio de la instalación de cisternas comunitarias. En una primera fase, los trabajos comenzaron en el residencial Las Margaritas, en San Juan, donde se instalarán 20 cisternas con capacidad de 1,000 galones cada una, y en el residencial Las Casas, donde se instalarán otras seis.
Mientras se completa esa infraestructura, el Gobierno comenzó a distribuir agua potable directamente a los residentes del Residencial Luis Lloréns Torres, el complejo de vivienda pública más grande de Puerto Rico, con apoyo logístico del Cuerpo de Bomberos.
La respuesta también se extiende a los recursos de agua subterránea. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reforzó, en coordinación con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la vigilancia del Acuífero del Sur y del pozo Rasa.
La prioridad es evitar que la reducción de los niveles de agua provoque intrusión salina y comprometa estas reservas. Las labores incluyen inspecciones sobre el terreno y el uso de drones para monitorear cuerpos de agua y áreas consideradas vulnerables.
La sequía también ha obligado al Gobierno a adoptar medidas dirigidas al sector comercial y a los consumidores. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) mantiene vigentes órdenes de congelación de precios para artículos, equipos y servicios relacionados con el manejo y almacenamiento de agua.
A su vez, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ofrece un incentivo de hasta $5,000 a pequeñas y medianas empresas afectadas por la reducción en el suministro de agua potable provocada por la sequía.
En el centro de la emergencia permanece el embalse Carraízo, cuya capacidad de almacenamiento ha llevado a la AAA a implementar interrupciones programadas como mecanismo para reducir el consumo y preservar las reservas disponibles.
El plan, acordado con los alcaldes de los municipios afectados, comenzó el viernes 7 de agosto y contempla ciclos alternos de 48 horas de interrupción del servicio en sectores de San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos.
La AAA mantiene un monitoreo diario de los niveles del embalse y de las condiciones del sistema mientras evalúa la necesidad de mantener, modificar o ampliar las medidas.