A diez años de la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF), un análisis conjunto presentado por cuatro organizaciones de la sociedad civil concluye que el organismo no corrigió las causas estructurales de la crisis en la isla. Por el contrario, el informe «La Década Perdida: la verdadera cara de la Junta en Puerto Rico» sostiene que una década de austeridad, errores y privatizaciones ha resultado en un mayor deterioro de las finanzas públicas y de la calidad de vida de la ciudadanía.

La publicación —elaborada por la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, la Liga de Ciudades, Sembrando Sentido y Right To Democracy— rebate directamente la narrativa de éxito institucional divulgada por la JCF en materia de reestructuración de deuda y gobernanza.

Pagos impagables y austeridad fiscal

El informe advierte que los acuerdos pactados con los bonistas amarran financieramente al país por décadas mediante términos insostenibles. Las organizaciones destacan que el organismo omitió desembolsos multimillonarios al presentar sus estimaciones de recortes.

«La Junta no nos ahorra, nos cuesta. En sus informes omite miles de millones en pagos en efectivo y en bonificaciones extras a los bonistas cuando presenta sus cálculos sobre el recorte a la deuda, lo que hace que sus ahorros estimados sean engañosos», explicó la Lcda. Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público.

Prados Rodríguez detalló que se han realizado más de 10,000 millones de dólares en pagos en efectivo tras la firma de los acuerdos, sumados a desembolsos anuales adicionales que superan los 1,500 millones. Gran parte de estas ganancias extraordinarias para los acreedores responden a instrumentos de valor contingente (IVC), los cuales canalizan recaudos del IVU hacia los bonistas debido a la inyección temporal de fondos federales.

El documento identifica tres frentes principales de afectación institucional y socioeconómica:

• La eliminación gradual del Fondo de Equiparación entre 2017 y 2024 privó a los municipios de recursos esenciales sin ofrecer alternativas de financiamiento real, afectando directamente la prestación de servicios locales, según denunció Cristina M. Miranda Palacios, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades.
• Issel Masses, representante de Sembrando Sentido, señaló que a pesar del discurso de transparencia de la JCF, el propio Registro de Revisión de Contratos del organismo revela que se ha rechazado menos del 1% de las contrataciones sometidas, aprobándose incluso propuestas con deficiencias identificadas.
• Adi Martínez Román, codirectora de Right to Democracy, alertó que la ley PROMESA profundiza el control colonial sobre la isla y sienta un peligroso precedente aplicable a otros territorios de Estados Unidos, como Guam o las Islas Vírgenes.

Las organizaciones concluyeron que la leve recuperación económica reciente no responde a la gestión de la JCF, sino al flujo masivo de fondos federales de emergencia, una oportunidad que el organismo utilizó para priorizar el pago a los acreedores en lugar de asegurar la sostenibilidad fiscal futura del país. El análisis completo se encuentra publicado en el portal oficial de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público.