Legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) radicaron el jueves dos medidas para ordenar la terminación del contrato de Genera PR e investigar la operación futura de la planta de carbón de AES y las gestiones atribuidas al Gobierno para convertirla a gas natural.
La Resolución Concurrente de la Cámara 390 propone cancelar de inmediato el contrato con Genera e iniciar un proceso ordenado de transición debido a la situación financiera de New Fortress Energy, empresa matriz y garante de la operadora. La Resolución de la Cámara 780 ordenaría investigar los planes para AES y su compatibilidad con la política energética de Puerto Rico.
“La continuación del contrato con Genera representa un riesgo para los intereses del pueblo puertorriqueño. La quiebra de New Fortress evidencia que ya no cuenta con la solidez financiera exigida para ser el garantizador de su subsidiaria y tiene serias implicaciones. La importancia de la seguridad financiera del garantizador es esencial para salvaguardar el interés público”, expresó el portavoz del PIP en la Cámara, Denis Márquez Lebrón, en declaraciones escritas.
Márquez Lebrón sostuvo que la situación de New Fortress Energy impide que la compañía ofrezca el respaldo financiero requerido para las obligaciones contractuales de Genera. También cuestionó que una empresa vinculada al suministro de gas natural administre las unidades de generación del sistema eléctrico.
“Genera PR propone soluciones y administra el sistema de generación eléctrica en función de los intereses económicos de su matriz y garantizador. Fue también quien propuso la adquisición de generación temporera con combustibles fósiles, principalmente gas natural. Esta insistencia en mantener y ampliar la dependencia de combustibles fósiles resulta particularmente preocupante en el caso de AES, que representa una amenaza ambiental y de salud pública para las comunidades. Mientras se sostiene que AES será convertida próximamente a gas natural, la empresa gestiona fondos federales para modernizar y extender la operación de su instalación de generación a base de carbón”, añadió Márquez Lebrón.
La investigación propuesta deberá examinar la operación actual y futura de AES, las gestiones del Gobierno para una posible conversión a gas natural y las solicitudes de fondos federales para modernizar la planta de carbón.
El portavoz alterno del PIP en el Senado, Adrián González Costa, indicó que la pesquisa también debe determinar quién asumiría unos 655.4 millones de dólares del costo del proyecto que no estarían cubiertos por posibles aportaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos.
La resolución busca establecer si alguna parte de esa cantidad recaería directa o indirectamente sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, el sistema eléctrico o sus abonados.
“El país ha sido testigo y víctima de una cadena de eventos desafortunados desde que el bipartidismo destruyó nuestro sistema eléctrico para luego justificar su entrega al sector privado. Peor servicio, mayor frecuencia y duración de apagones y la tarifa eléctrica cada vez más cara”, manifestó González Costa.
El 15 de agosto, Márquez Lebrón y la portavoz alterna del PIP en la Cámara, Adriana Gutiérrez Colón, solicitaron al presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, la celebración de vistas públicas sobre los contratos de Power Expectations y otras compañías.
Los legisladores sostuvieron en la carta que las controversias relacionadas con Power Expectations exponen posibles fallas en los procesos de evaluación, autorización y contratación de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el Negociado de Energía y la Autoridad de Energía Eléctrica.
Las delegaciones del PIP también reiteraron su respaldo al Proyecto de la Cámara 797, que propone devolver el control del sistema eléctrico a una estructura pública con participación ciudadana y cambios en su gobernanza.
El comunicado no incluyó reacciones de Genera PR, New Fortress Energy, AES o el Gobierno sobre las medidas.