Ante los señalamientos públicos sobre un presunto esquema de fraude o desfalco en la fallida contratación de generación temporera en el contrato con Power Expectations, el zar de Energía, Josué Colón Ortiz rechazó tajantemente que existiera la posibilidad de un perjuicio económico para el erario público y defendió los candados estructurados en el proceso.
En declaraciones a la prensa al culminar la vista pública de la Cámara de Representantes, el funcionario enfatizó que las alegaciones sobre un supuesto «tumbe» carecen de fundamento técnico y legal, debido a la manera en que se diseñaron las protecciones financieras del acuerdo.
«Han ocurrido expresiones públicas indicando como que aquí había la posibilidad de un tumbe, y eso es falso. Aquí ese contrato, de la manera que se hizo y del proceso que se llevó a cabo, impedía de ninguna manera que aquí alguna entidad privada pudiera llevarse dinero público sin rendir un servicio. Por lo tanto, posibilidad contractual de que aquí ocurriera un tumbe de alguna entidad privada, eso es falso», sostuvo el zar de Energía.
El funcionario explicó que el esquema contractual protegió al Gobierno al prohibir cualquier tipo de pago o desembolso por adelantado, recayendo toda la responsabilidad operativa y financiera sobre el hombro de la empresa privada.
De acuerdo con sus expresiones, la compañía contratista asumía el costo y el riesgo absoluto de instalar los equipos, tramitar la permisología e interconectar la infraestructura.
«El contrato no obliga al gobierno a hacer ningún desembolso adelantado de nada. Todas las obligaciones recaen en el sector, en la compañía privada. La compañía privada es la que tenía a su costo y a su riesgo instalar toda la infraestructura necesaria, toda la permisología, las interconexiones, todo lo que conlleva el instalar unos equipos que puedan producir energía y entregar a la red eléctrica», explicó.
Bajo este modelo, la única función de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se limitaba estrictamente a pagar por la energía que efectivamente fuera entregada a la red, medida y solicitada a petición del operador del sistema, LUMA Energy.
El rol del Zar de Energía y los procesos
Cuestionado sobre los márgenes de intervención de su oficina y los tiempos de fiscalización, el zar de Energía recalcó que ninguna figura pública se encuentra por encima de la ley y que los procesos de contratación se rigen por normativas rigurosas que impiden injerencias indebidas del Ejecutivo.
«El Zar de Energía no está por encima de la ley. El Zar de Energía, o la figura del Zar de Energía, tiene que cumplir con todas las leyes como cualquier otro funcionario público, y los procesos de contratación son bien rigurosos, son bien específicos, y la interferencia de cualquier funcionario o de cualquier persona en un proceso de esa naturaleza se puede malinterpretar», concluyó.