La empresa energética Power Expectations, LLC radicó una querella juramentada contra el licenciado Javier Vázquez Morales, abogado de la compañía Enchanted Rock, LLC y asesor de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB), según anunció la entidad mediante un comunicado de prensa firmado el 7 de septiembre de 2026.
La querella fue presentada en el cuartel de Hato Rey de la Policía de Puerto Rico por Robert Fournier, asociado de Power Expectations, y su copia fue remitida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y al Departamento de Justicia. La acción legal surge tras imputarle a Vázquez Morales haber realizado acercamientos “inapropiados” para intentar influenciar a oficiales del Gobierno, según expresaran públicamente dichos funcionarios.
A través de la denuncia, la empresa solicitó indagar las gestiones del abogado y socio capital del bufete O’Neill & Borges LLC.
«Estamos solicitando que se investigue a este Vázquez y junto con El, a cualquier abogado, socio, empleado, agente o representante de O’Neill & Borges LLC, transmitió, comunicó, compartió o puso a disposición de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (‘Junta de Supervisión Fiscal’ o ‘FOMB’)», sostuvo Fournier.
Asimismo, la querella busca determinar si información obtenida mediante relaciones profesional o cliente-abogado —incluyendo consultas con Enchanted Rock o conversaciones con Flotek Industries— fue compartida directa o indirectamente con la Junta Fiscal.
Por su parte, el asesor legal de Power Expectations, Abraham Freyre Medina, indicó que la empresa evalúa las actuaciones de Vázquez Morales ante posibles violaciones a las Reglas de Conducta Profesional del Tribunal Supremo, tales como los deberes frente a clientes potenciales (Regla 1.18), conflicto de interés (Regla 1.7), deberes con clientes anteriores (Regla 1.9) y confidencialidad (Regla 1.6).
Freyre Medina señaló además que el abogado pudo haber incurrido en violaciones al Código Penal de Puerto Rico (Artículos 176, 182, 202 y 244 por conspiración), así como a la Ley 80-2011 para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales por alegado espionaje corporativo.