La Fortaleza fijó su postura de rechazo absoluto ante la solicitud de reconciliación tarifaria presentada por LUMA Energy que podría representar un cargo adicional de hasta $48 mensuales para los clientes residenciales, tildando la propuesta de insensible e injustificada frente a la realidad económica del país.
El portavoz del Ejecutivo, Jean Peña Payano, arremetió contra la empresa encargada de la transmisión y distribución del sistema eléctrico, cuestionando los gastos operacionales y promocionales de la gerencia en momentos en que buscan trasladarle altos costos al consumidor.
“Raya en el cinismo, ciertamente, que ellos dándose la vida de lujo, espléndida, que pocos de ellos se pueden dar… gastando en documentales, gastando en un espectáculo, y le quieren pasar $48 adicionales a la gente”, aseveró Peña Payano.
El funcionario fue enfático en que la administración no respaldará la medida ante el Negociado de Energía de Puerto Rico y criticó la falta de transparencia sobre los salarios y beneficios de los altos ejecutivos del consorcio.
“Ya nosotros sabemos de qué lado estamos y no vamos a estar del lado de LUMA. Si ellos alegan transparencia, hacen un media tour por ahí, que sean transparentes de verdad y que publiquen los salarios de los ejecutivos de ellos… que digan cuánto ganan más allá de qué compañía, que digan en qué colegios tienen a los niños, cuánto pagan por el colegio, en qué urbanizaciones privadas los están moviendo, cuáles son los costos de housing, de traslado, y que los publiquen”, sostuvo el portavoz.
Peña Payano subrayó que la propuesta impacta de forma severa a los sectores más vulnerables de la isla, en especial a la población de adultos mayores que subsiste con ingresos limitados.
“A esos mismos retirados que viven o pretenden vivir con $33 al día, ahora le quieren sumar $48 también en LUMA… Al gobierno nos exigen transparencia todo el tiempo y esa es la rendición porque sale de los contribuyentes, ¿pero y LUMA?”, cuestionó.
El recurso para la reconciliación de la tarifa trimestral por concepto de compra de combustible y energía continúa bajo la evaluación del Negociado de Energía, ente regulador que ostenta la jurisdicción legal para aprobar, modificar o rechazar la solicitud que entraría en vigor a partir de octubre.