El Municipio de Loíza pagó 205,228 dólares en penalidades, intereses y otros gastos por atrasarse en el envío de retenciones y aportaciones del Seguro Social federal, mientras realizó ocho compras por 301,377 dólares sin contar con las cotizaciones requeridas, según una auditoría divulgada el miércoles por la contralora Carmen Vega Fournier.
El informe OC 27-32, que examinó operaciones municipales entre enero de 2019 y diciembre de 2023, emitió una opinión cualificada y contiene tres hallazgos y siete comentarios especiales. La Oficina de la Contralora determinó que las operaciones examinadas cumplieron en aspectos significativos con las leyes y reglamentos aplicables, excepto por los tres hallazgos identificados.
Entre junio de 2019 y julio de 2024, el Servicio de Rentas Internas federal impuso al municipio 199,213 dólares en penalidades, 5,955 dólares en intereses y 60 dólares en otros gastos por retrasos relacionados con remesas correspondientes al período contributivo de marzo de 2019 a diciembre de 2023. La Contralora sostuvo que esos pagos redujeron recursos disponibles para gastos operacionales, obras y funcionamiento municipal.
La alcaldesa Julia Nazario Fuentes atribuyó la situación de efectivo del municipio a la eliminación gradual del Fondo de Equiparación y sostuvo que Loíza continúa realizando los pagos correspondientes al gobierno federal y aportaciones para reducir la deuda acumulada. La Oficina de la Contralora evaluó su planteamiento y mantuvo el hallazgo.
En otro señalamiento, los auditores identificaron ocho compras realizadas entre agosto de 2020 y agosto de 2023 por 301,377 dólares sin las tres cotizaciones requeridas. Las adquisiciones incluyeron dos vehículos, 4,300 mochilas para estudiantes, artículos para atender la pandemia de COVID-19, módulos para salones de clases y tinta para impresoras. En cinco casos solo constaba la cotización del proveedor seleccionado y en otros tres había dos cotizaciones.
Nazario Fuentes rechazó ese señalamiento y argumentó que el municipio realizó los procesos para obtener las tres cotizaciones, pero algunos proveedores optaron por no presentar ofertas. Los auditores mantuvieron el hallazgo porque los comprobantes examinados no documentaban las gestiones realizadas para obtener las cotizaciones que faltaban.
La auditoría encontró además deficiencias en 87 comprobantes de desembolso por 2,364,423 dólares. Los justificantes no habían sido marcados como pagados; 24 comprobantes por 734,931 dólares contenían facturas sin aprobación del alcalde o de un representante autorizado; 18 por 587,963 dólares carecían de informes de recibo de bienes y servicios; y seis por 131,605 dólares no incluían las facturas de los proveedores.
También faltaban documentos relacionados con las mejoras al Paseo Julia de Burgos, entre ellos evidencia de la solicitud de propuestas para servicios de inspección, las propuestas presentadas, el expediente de la obra y los informes de inspección correspondientes a dos desembolsos por 7,500 dólares.
Como parte de los comentarios especiales, el informe consignó que Loíza mantenía un déficit acumulado de 927,379 dólares en su Fondo Operacional para el año fiscal 2023-2024, una reducción frente a los 5,249,415 dólares registrados en 2018-2019. Durante los seis años examinados, el municipio registró superávits corrientes que contribuyeron a disminuir ese déficit.
Otros señalamientos incluyen la falta de declaraciones informativas sobre 20,718 dólares pagados a un contratista, deficiencias en el control de propiedad e inventarios y la ausencia de registros perpetuos de materiales en varios almacenes municipales.
Al 19 de marzo de 2025, el municipio tampoco había devuelto al Departamento de Transportación y Obras Públicas las tablillas de siete camiones y tres vehículos declarados inservibles. La Contralora advirtió que la situación podía propiciar la desaparición o utilización ilegal de las tablillas.
Los auditores señalaron igualmente deficiencias en la conservación de documentos públicos. Entre ellas, encontraron cajas colocadas en el piso debajo de unidades de acondicionador de aire y un área de almacenamiento de Recursos Humanos con el techo deteriorado y problemas de filtraciones. El municipio tampoco había preparado ni remitido al Archivo General el Inventario y Plan de Retención de Documentos correspondiente a los años fiscales 2019-2020 al 2023-2024.