Un nuevo giro en las investigaciones del Senado sobre el Departamento de la Familia y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) salpica directamente a las altas esferas del Ejecutivo. La exadministradora de la ADSEF, Blanca Medina Díaz, confirmó bajo juramento que informó personalmente tanto al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, como a la gobernadora Jenniffer González Colón sobre las presiones indebidas para firmar contratos millonarios y las irregularidades que ocurrían en la agencia, sin que ninguna de las partes tomara acción al respecto.
El primer señalamiento de Medina Díaz apuntó al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, a quien acudió en busca de auxilio institucional tras ser objeto de constantes presiones y hostigamiento por negarse a otorgar contratos irregulares financiados con fondos federales TANF. Según la exfuncionaria, Domenech tenía pleno conocimiento del patrón de presiones y represalias que ella enfrentaba en su posición, pero no intervino para frenar las anomalías.
«Yo llevé… levanté la voz y fui en una ocasión al… al secretario de la gobernación. En ese momento era el señor Domenech», relató Medina Díaz a preguntas de la senadora Wanda Soto Tolentino. «Le dije todos los problemas que yo estaba pasando. Él tenía conocimiento de todo lo que estaba sucediendo», aseveró la exadministradora. Al ser repreguntada sobre qué respuesta o gestión recibió por parte de Domenech tras denunciar el esquema, Medina Díaz respondió de forma tajante: «Nada».
Asimismo, las presiones y los señalamientos de irregularidades fueron llevados directamente ante la gobernadora Jenniffer González Colón durante una reunión privada en la que la exadministradora expuso los problemas con funcionarios clave del Departamento de la Familia. En dicho encuentro, Medina Díaz alertó sobre la conducta de su subadministrador, Juan Avilés Silvestry, quien viajó sin autorización a Luisiana con fondos TANF; sin embargo, en lugar de recibir apoyo, la exadministradora fue obligada a reinstalarlo en su puesto tras haberlo separado del cargo.
«¿Usted le dejó saber también… sobre las represiones que estaba recibiendo, se las dejó saber a la Gobernadora?», le cuestionó el senador durante la vista pública. «A la Gobernadora, bueno, estuvimos en una ocasión… una ocasión reunida con ella. Le dije que tenía problemas… tenía también problemas con el subadministrador, que es el señor Juan Avilés, es una de las personas que fue al viaje a Luisiana. Yo en una ocasión lo saqué… Lo saqué de subadministrador. Luego que lo saqué de subadministrador, recibo instrucciones que lo tengo que devolver otra vez al puesto de subadministrador», testificó Medina Díaz.
Por otro lado, la exadministradora detalló ante la comisión senatorial cómo se llevaban a cabo las presiones directas desde el Secretariado liderado por Suzanne Roig Fuertes para forzar la aprobación del controvertido proyecto Star Academy de la empresa NOLA Education, LLC, justificando la exigencia bajo el argumento de que la ADSEF contaba con la liquidez presupuestaria para ello. Medina Díaz indicó que el personal de su oficina que la representaba en reuniones semanales recibía exigencias constantes para conseguir su firma.
«En esas reuniones a la persona que yo enviaba a representarme, la Secretaria siempre le decía: ‘Dile a Blanca que me tiene que firmar el contrato. Le estoy hablando de Star Academy… porque ADSEF tiene dinero'», denunció Medina Díaz. Sobre la evaluación técnica y supervisión de dicho proyecto, la exfuncionaria añadió: «Verdaderamente yo desconozco quién los supervisa, quién los envió a hacer esa propuesta… a evaluarlas, y por qué hicieron una propuesta que es de ADSEF y no del Secretariado».
Finalmente, Medina Díaz denunció ante el Senado que la inacción del Ejecutivo se tradujo en represalias administrativas que terminaron desmantelando los controles internos de la agencia, afectando incluso programas de desarrollo empresarial comunitario como PODES mediante intentos de alterar sus reglamentos para desviar fondos hacia otros fines no autorizados por ley. Las revelaciones abren la puerta a que la investigación senatorial exija explicaciones directas a Fortaleza y a la Secretaría de la Gobernación sobre la inacción ante las alertas de corrupción tramitadas por la propia exadministradora.