La Alianza de Empleados, Movilizados y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se opuso al Plan de Ajuste de la Deuda propuesto para la corporación pública al sostener que eliminaría el ajuste por costo de vida, congelaría la acumulación de beneficios y cambiaría el sistema de retiro para los empleados activos.
“La Junta de Control Fiscal no solamente está reestructurando una deuda; está poniendo sobre la mesa un modelo que puede cambiar para siempre nuestro Sistema de Retiro y la seguridad económica de miles de jubilados y trabajadores de la AEE, los cuales son derechos adquiridos”, expresó el portavoz de la Alianza y presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, Johnny Rodríguez Ortiz en declaraciones escritas.
Según la organización, las preocupaciones sobre las pensiones permanecen sin atenderse desde marzo de 2025, cuando la Junta de Supervisión Fiscal presentó su quinto Plan de Ajuste para la AEE.
Uno de los cambios cuestionados es la eliminación del ajuste por costo de vida, conocido como COLA, y la congelación de la acumulación de beneficios bajo el sistema vigente.
Para los empleados que continúen trabajando y aportando, la propuesta establecería un sistema de aportación definida similar a un plan 401(k), con una aportación de 8.5 por ciento del salario, según la Alianza.
“Nos quieren cambiar un sistema de beneficios definidos por uno donde el trabajador carga con el riesgo. Si la inversión pierde, pierde el empleado. Si los mercados bajan, el riesgo lo asume el trabajador”, sostuvo la organización.
El grupo cuestionó además posibles cambios en los métodos utilizados para calcular las pensiones y la sustitución del marco fiduciario establecido mediante el Acuerdo de Fideicomiso de 1974.
Según la Alianza, el Plan de Ajuste propone establecer un nuevo PREPA Pay Go Trust, al cual la AEE realizaría depósitos trimestrales para sufragar mensualmente las pensiones y crear eventualmente una reserva equivalente a 12 meses de pagos.
La organización planteó que la propuesta no identifica claramente una fuente permanente para mantener esa reserva ni establece una prioridad legal específica para las pensiones frente a otras obligaciones de la corporación pública.
“Si desaparece el fideicomiso que hoy protege y separa los fondos de nuestras pensiones, ¿qué garantía real tendremos mañana? Nuestras pensiones no pueden convertirse en una partida que se paga cuando sobra dinero”, señalaron los dirigentes.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la composición de la junta que administraría el nuevo fideicomiso. De siete integrantes propuestos, solo uno representaría directamente a los jubilados, según la Alianza.
Actualmente, la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro tiene ocho integrantes, cuatro electos por empleados activos y jubilados y otros cuatro designados por la Junta de Gobierno de la AEE.
La entidad expresó también preocupación por el denominado Rate Reduction Fund, que podría recibir aportaciones del Gobierno de Puerto Rico, reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y recursos provenientes de otras fuentes no operacionales.
A juicio de la Alianza, el Plan de Ajuste no establece una obligación permanente para aportar recursos al fondo.
“Si el fondo no tiene dinero, ¿quién garantiza nuestras pensiones? Si el Gobierno no aporta, ¿quién responde? Si la AEE enfrenta otra crisis, ¿quién pone el dinero? No podemos aceptar un sistema basado en promesas y decisiones discrecionales”, afirmó la organización.
También objetaron una disposición que, según explicaron, permitiría disolver el fondo y transferir sus recursos al Gobierno central si este asumiera la administración del Sistema de Retiro y la Junta de Supervisión Fiscal aprobara el cambio.
La Alianza reclamó que continúen las negociaciones antes de la confirmación del Plan de Ajuste y propuso reunirse con la Junta de Síndicos para revisar sus propuestas y la estrategia relacionada con el Sistema de Retiro.
Las controversias relacionadas con los reclamos de bonistas y otros acreedores de la AEE permanecen ante el Tribunal Federal de Apelaciones.
“El problema no es solamente cómo se reestructura la deuda; es quién cargará con la obligación de pagar las pensiones. Llevamos cinco años luchando y no vamos a entregar nuestro Sistema de Retiro”, sostuvo Rodríguez Ortiz.
La organización adelantó que continuará sus acciones para reclamar un sistema que mantenga separados los recursos destinados a las pensiones, garantice su pago y otorgue participación a los jubilados en las decisiones sobre su administración.