El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, solicitó el miércoles información adicional sobre la adjudicación de generación temporera al consorcio encabezado por Power Expectations, LLC, luego de identificar diferencias en documentos relacionados con la revisión de una supuesta firma no autorizada de Enchanted Rock.
“La información que recibimos nos permitió avanzar, pero también levantó preguntas adicionales que ahora corresponde aclarar. Queremos entender con precisión qué se revisó, qué se determinó y cómo se tomaron las decisiones durante este proceso”, expresó Hernández Rivera en declaraciones escritas.
La nueva solicitud fue dirigida al zar de Energía, Josué Colón Ortiz, y al presidente del Third Party Procurement Office (3PPO), Osvaldo Carlo Linares, como seguimiento a una petición de información presentada por el comisionado residente el 3 de septiembre.
Según Hernández Rivera, documentos entregados al Congreso muestran que un informe del 3PPO fechado el 8 de agosto describió como “exhaustiva” la revisión realizada sobre las alegaciones relacionadas con la firma de Enchanted Rock. Sin embargo, una comunicación emitida al día siguiente indicó que el análisis se había limitado a determinar si la documentación presentada durante el proceso competitivo era suficiente.
Ante esa diferencia, el comisionado residente pidió precisar cuál fue el alcance de la revisión, quién estuvo a cargo, bajo qué autoridad se realizó y cuáles asuntos permanecían sin resolver.
La solicitud también busca reconstruir las gestiones efectuadas entre el 17 de junio y el 10 de agosto y determinar qué información estaba disponible cuando el asunto fue referido al Departamento de Justicia de Puerto Rico y a las autoridades federales.
Hernández Rivera pidió además conocer cuándo fueron notificadas la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta de Supervisión Fiscal sobre las alegaciones, quién tomó esas decisiones y las comunicaciones internas relacionadas con el manejo del asunto.
Otro de los cuestionamientos se concentra en el tiempo transcurrido antes del referido a las autoridades. El comisionado residente busca conocer las razones por las cuales pasaron más de siete semanas desde que surgió el asunto hasta que fue remitido para investigación.
La carta requiere además documentos y comunicaciones internas relacionados con la revisión de las alegaciones y las decisiones adoptadas durante el proceso.
“Estamos dando seguimiento a lo que surge de los propios documentos y vamos a continuar procurando las respuestas que aún están pendientes”, sostuvo Hernández Rivera.
Colón Ortiz y Carlo Linares tienen hasta el 15 de octubre para entregar la información solicitada.