La gobernadora Jenniffer González Colón firmó hoy tres medidas legislativas dirigidas a garantizar el acceso de los adultos mayores a servicios esenciales, acelerar la aprobación de proyectos tecnológicos financiados con fondos federales y solicitar formalmente la admisión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos.
Una de las iniciativas, ahora Ley 208-2026, protege a las personas de edad avanzada frente a prácticas que puedan excluirlas de servicios públicos y privados por desconocimiento tecnológico o por carecer de acceso a internet y dispositivos electrónicos.
La medida, presentada por el representante Fernando Sanabria, modifica la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores para reforzar las garantías de igualdad en el acceso a servicios y establecer responsabilidades gubernamentales relacionadas con la inclusión digital de esta población.
Por otra parte, la gobernadora firmó la Ley 209-2026, de la autoría del representante Luis “Junior” Pérez, que establece un término de 90 días laborables para revisar, evaluar y aprobar proyectos tecnológicos de las agencias gubernamentales financiados íntegramente con fondos federales.
La legislación enmienda la ley que rige el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y procura reducir las demoras administrativas que podrían comprometer el uso oportuno de asignaciones federales destinadas a modernizar las operaciones gubernamentales.
La tercera medida firmada fue la Resolución Conjunta 66-2026, correspondiente a una iniciativa de la administración, para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y solicitar al presidente y al Congreso federal la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, con los mismos derechos y condiciones que los demás estados.
Cuatro medidas no recibieron el aval de La Fortaleza. González Colón vetó los proyectos de la Cámara 181 y 279, así como las resoluciones conjuntas de la Cámara 62 y 63, tras identificar obstáculos relacionados con su financiamiento, ejecución y cumplimiento regulatorio.
El Proyecto de la Cámara 181 pretendía mejorar el acceso de las personas con impedimentos a instalaciones deportivas y recreativas. Sin embargo, la gobernadora argumentó que imponía nuevas responsabilidades sin identificar los recursos económicos necesarios. El Departamento de Recreación y Deportes estimó gastos adicionales de $250,000 y la Defensoría de las Personas con Impedimentos, de $100,000.
También rechazó el Proyecto de la Cámara 279, que buscaba ampliar la disponibilidad de torniquetes y el adiestramiento para utilizarlos en agencias gubernamentales y escuelas públicas.
Según el Ejecutivo, el Departamento de Salud calculó en aproximadamente $150,000 los costos relacionados con el desarrollo y mantenimiento de un registro y la capacitación correspondiente, mientras que Educación identificó otros gastos y asuntos operacionales pendientes.
La gobernadora recordó que la Ley 169-2025 ya exige que las patrullas de la Policía cuenten con torniquetes y que los agentes reciban adiestramiento acreditado para utilizarlos.
Finalmente, González Colón vetó dos resoluciones dirigidas a atender deficiencias en el alumbrado público de Mayagüez y San Germán.
En ambos casos, sostuvo que las intervenciones deben realizarse conforme a los mecanismos de coordinación establecidos en la Ley 174-2026, para evitar duplicidad de esfuerzos, gastos sin garantías de reembolso y posibles riesgos para fondos federales.
La primera ejecutiva reconoció los objetivos de las cuatro iniciativas, pero defendió la necesidad de identificar fuentes de financiamiento, establecer responsabilidades claras y garantizar que su implantación cumpla con los procedimientos legales vigentes.