La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Suzanne Roig Fuertes, solicitó una prórroga para suministrarle al Senado los documentos relacionados a la controversia con NOLA Education.
La misiva tiene fecha del pasado 13 de octubre y está dirigida a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y población con Diversidad Funcional e Impedimentos que preside la senadora Wanda «Wandy» Soto Tolentino.
En la misiva, Roig Fuertes pide que se le permita extender el tiempo de entrega 15 días adicionales. El límite de la entrega fue el pasado jueves.
«Esta solicitud responde a la cantidad y diversidad de documentos requeridos, algunos de los cuales deben ser recopilados y verificados en distintas oficinas y dependencias del Departamento. Además, es necesario revisar la información y preparar las certificaciones y contestaciones correspondientes para asegurar que todo lo que se remita a la Comisión sea lo solicitado. Y aunque al principio de la vista entendíamos que podíamos cumplir en un tiempo menor y evaluando el requerimiento de todos los senadores, es mucho más extenso de lo que esperábamos», lee la misiva.
La exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Minerva Medina Díaz, ya había afirmado bajo juramento que recibió instrucciones de Roig Fuertes, para dar prioridad a la firma de un contrato con NOLA Education, LLC – Star Academy, pese a que funcionarios legales y programáticos de la agencia le advirtieron que el acuerdo no cumplía con los requisitos para utilizar fondos federales del programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF).
Según la declaración jurada, Medina Díaz fue nombrada administradora de ADSEF el 6 de abril de 2026 y, dos días después, fue citada por Roig Fuertes para entregarle documentos y discutir la agenda de trabajo.
Fue en esa reunión, según Medina Díaz, que Roig le planteó que su “primera prioridad” debía ser firmar el contrato con NOLA Education. La administradora sostiene que recibió esa instrucción “sin que se me proveyera evaluación técnica, análisis programático ni justificación conforme a la reglamentación estatal o federal aplicable”.
El resultado de consultas realizadas por Medina Díaz, según su declaración, fue que el contrato no podía ser firmado ni financiado con fondos TANF debido a que no cumplía con los requisitos federales, la normativa aplicable y los usos permitidos bajo ese programa.
La administradora sostuvo además que ADSEF no había participado en las etapas fundamentales del proceso de contratación.
La documentación requerida permitirá al Senado contrastar las decisiones del Departamento con las advertencias legales y programáticas que Medina Díaz asegura haber recibido. La controversia plantea interrogantes sobre quién evaluó y autorizó impulsar el acuerdo, qué participación tuvo ADSEF y con qué fundamento se pretendía utilizar fondos TANF. La solicitud de prórroga, por sí sola, no implica que la Comisión haya autorizado extender el plazo de entrega.