La falta de información sobre la contratación propuesta de NOLA Education llevó al senador Juan Oscar Morales Rodríguez a solicitar un plazo final de 48 horas para que el Departamento de la Familia (DF) complete sus respuestas al Senado, bajo apercibimiento de desacato civil.
En una moción presentada ayer, jueves, el legislador identificó 30 preguntas que, según sostuvo, la agencia dejó sin responder o atendió de manera incompleta. Los requerimientos forman parte de la Petición de Información 2026-0135, aprobada el 1 de octubre.
El departamento, encabezado aún por Suzanne Roig Fuertes, había solicitado diez días adicionales para cumplir con la entrega. El Senado concedió una extensión hasta el 16 de octubre, pero Morales Rodríguez planteó que la documentación recibida todavía presenta omisiones.
Entre los asuntos pendientes se encuentran las certificaciones oficiales que permitan establecer si se firmó el contrato con NOLA Education y si se comprometieron o desembolsaron recursos públicos, estatales o federales, para la iniciativa.
El reclamo también abarca las decisiones de personal vinculadas a la controversia. Morales Rodríguez cuestionó que Familia atribuyera la cancelación del destaque de la licenciada Gisela Rodríguez al carácter de confianza del puesto, sin detallar las razones de esa determinación. La abogada había emitido una opinión legal sobre la contratación propuesta, valorada en unos $38 millones.
Asimismo, solicitó evidencia sobre las comunicaciones con La Fortaleza relacionadas con la destitución de la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Blanca Medina Díaz. Durante su comparecencia senatorial, Medina Díaz alegó que recibió presiones de Roig Fuertes para firmar el contrato.
Otro de los señalamientos corresponde al viaje a Nueva Orleans realizado en diciembre de 2025. Según la moción, la agencia no identificó a todos los empleados participantes ni sus cargos y tampoco entregó el expediente completo, que debía incluir la autorización de La Fortaleza.
El senador también pidió certificar si Familia o alguno de sus funcionarios ha recibido citaciones, prestado testimonio o enfrentado requerimientos de información relacionados con la contratación propuesta o con ese viaje.
En cuanto a la evaluación de las propuestas, Morales Rodríguez reclamó identificar al personal que intervino en el proceso. A su juicio, mencionar de forma general a empleados de los programas y de las oficinas legales no cumple con lo solicitado.
La moción requiere, además, los nombres de los integrantes de LAP Consulting que participaron en la evaluación, así como de las personas responsables de preparar las solicitudes de propuestas e invitar a los potenciales contratistas a las subastas.