El Gobierno de México aseguró que la reducción de un beneficio fiscal afectará únicamente a 170 grandes empresas, ante las movilizaciones y bloqueos carreteros anunciados para este lunes por transportistas en el país, y afirmó que se trata de un ajuste a un estímulo que consideró "excesivo".
“No tiene ningún efecto ni en la canasta básica ni en la operación del transporte de carga en nuestro país. Es nada más, pues, reducir algo que era excesivo”, expresó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó que la propuesta para 2027 reduce de 300 millones (15 millones de dólares) a 250 millones de pesos (13 millones de dólares) el límite de ingresos anuales de las empresas que pueden acceder a un beneficio fiscal relacionado con el pago de peajes.
El mecanismo permite a los transportistas deducir estos gastos de sus ingresos y, adicionalmente, acreditar parte de su importe contra el impuesto sobre la renta (ISR).
Según Amador, de las 2.580 empresas que utilizan actualmente este esquema, solo 170, equivalentes al 6 %, dejarían de recibir el estímulo, mientras que el 94 % restante conservaría el beneficio.
El funcionario señaló que los apoyos fiscales al autotransporte, incluidos los relacionados con el diésel y los peajes.
“Vamos a seguir apoyando al sector porque es un sector que representa una palanca para la formación de precios para el resto de la economía”, afirmó.
Sheinbaum insistió en que la modificación no afectará a los pequeños transportistas y atribuyó las movilizaciones principalmente al descontento de un grupo de grandes empresas.
La mandataria anunció que representantes del sector serían recibidos este lunes a las 11:00 hora local (17:00 GMT) por la Secretaría de Hacienda para abordar sus demandas.
Las protestas fueron anunciadas por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que denunció el deterioro de las condiciones de trabajo y la falta de resultados en los compromisos asumidos por las autoridades.
El organismo ha advertido sobre problemas persistentes de inseguridad y costos operativos, mientras que el Gobierno sostiene que mantiene abiertas las mesas de diálogo para atender las demandas del sector.
Según un informe de la firma especializada Overhaul, el 76 % de los robos al transporte de carga en México durante el segundo trimestre de 2026 involucró algún tipo de violencia.