El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico (Panel V) confirmó en su totalidad la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desestimó el pleito presentado por SBGB LLC h/n/c ECIJA SBGB contra la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Gobierno de Puerto Rico.
La controversia se originó a raíz de una demanda que impugnaba la Guía para la Habilitación y el Funcionamiento de Salas de Lactancia en los Centros de Trabajo y en Espacios de Acceso Público, adoptada por la OPM bajo el Código de Lactancia de Puerto Rico (Ley Núm. 87-2025). En su dictamen, el Tribunal de Apelaciones ratificó que la parte demandante carecía de legitimación activa (standing) y que la controversia no resultaba justiciable, al no haberse demostrado daño real ni determinaciones sancionadoras en su contra.
Al reaccionar al dictamen judicial, la procuradora de las Mujeres, Lcda. Astrid Piñeiro Vázquez, destacó que el fallo confirma la corrección de la gestión gubernamental. “Esta determinación judicial confirma la corrección de los planteamientos jurídicos presentados por la OPM y reafirma la importancia de nuestra labor de orientación y protección de los derechos de las mujeres trabajadoras y de nuestras acciones dirigidas a promover entornos de trabajo más equitativos y humanos, en favor de nuestras mujeres”.
“Facilitar condiciones dignas para la lactancia en el empleo es un compromiso ineludible con la salud de la niñez, la estabilidad de las madres trabajadoras y el desarrollo integral de Puerto Rico. Como sostuvimos desde el inicio, las guías elaboradas por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres constituyen una herramienta de orientación y apoyo dirigida a acompañar a los patronos en la adopción de mejores prácticas, sin imponer cargas al margen de la ley. La OPM no persigue imponer obligaciones adicionales a los patronos mediante documentos orientadores, sino facilitar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, mientras ejerce las facultades de fiscalización que le reconoce el ordenamiento jurídico”, detalló la procuradora.
La Guía constituye una herramienta de orientación dirigida a facilitar el cumplimiento de la política pública sobre lactancia, particularmente en lo relacionado con las condiciones de higiene, seguridad y privacidad en los espacios destinados a estos fines, conforme a los precedentes jurisprudenciales aplicables.