Axl tenía 13 años cuando su padre lo llevó en avión de Países Bajos a España. Le prometieron tres meses en una casa con piscina y buen tiempo, donde recibiría ayuda para sus problemas de conducta, y acabó pasando tres años, durante los cuales asegura que sufrió palizas, privación de alimentos y trabajos físicos extremos. “Me robaron la infancia”, resume.

La finca, Huize Soria, situada en Alicante, acogió durante dos décadas a menores neerlandeses derivados por los servicios de protección de la infancia. Gestionada por una pareja neerlandesa, Tista y Marion, recibió financiación pública de Países Bajos.

“Era un adolescente un poco problemático, aunque creo que tampoco era para tanto. Tenía problemas de agresividad y me pusieron la etiqueta de joven imposible de manejar, pero era muy pequeño todavía”, recuerda Axl, que entró a ese centro de reeducación con 13 años, para alejarse de su “entorno habitual”, y salió con 17, preguntándose “¿qué demonios pasó allí?”.

Una investigación del programa público neerlandés Nieuwsuur ha destapado, en base a documentos y testimonios, denuncias de maltrato físico y psicológico, aislamiento y métodos disciplinarios extremos, que algunos especialistas califican de “tortura infantil”.

Axl y Tiffany, dos antiguos residentes, relatan a EFE sus experiencias, aunque decenas de ellos se han puesto en contacto, dispuestos a “denunciar” lo ocurrido. Todos coinciden en describir un sistema en el que obedecer condicionaba el acceso a necesidades básicas, incluida la comida, el descanso o el contacto con familiares.

“Me obligaban a cavar agujeros de unos tres metros de profundidad y dos por dos de superficie. Solo podía comer cuando terminaba, y podía tardar un día o un día y medio. Después llegaba Tista con el tractor, lo rellenaba y tenía que cavar otro a dos metros de distancia”, recuerda Axl, quien hoy, a sus 22 años, mantiene una mirada atrapada entre adolescencia y rabia.

También denuncia castigos bajo la lluvia sin abrigo, prohibiciones de usar el baño y privación de alimentos. “Cuando tienes 13 años, eso no es normal. ¿Qué tiene que ver con prepararte para vivir en sociedad? Eso es explotación o trabajo infantil ¿o una forma de acosarte y castigarte?”, sostiene.

Tiffany, de 21 años, que vivió allí entre 2020 y 2022, recuerda restricciones incluso durante las comidas. “Tenías que decirle dos frases a alguien antes de poder dar un bocado, pero esa persona también tenía que responderte. Si nadie quería hablar contigo, no podías comer. Cuando los demás terminaban, retiraban tu comida, aunque no hubieras comido”.

También relata que un compañero pasó varios días sin alimentos y acabó comiendo comida para gatos.

Sistema de miedo

Los jóvenes que pasaron por ese centro describen un ambiente de vigilancia constante, con cámaras, normas estrictas y una jerarquía que enfrentaba a los menores.

“Es una secta”, explica Axl, que asegura que “si alguien hacía algo mal, Tista decía: 'Vete un momento con él al olivar'. Y allí el grupo le pegaba”.

Eso convirtió la convivencia en “una lucha constante por demostrar” obediencia: “Nos delatábamos por las cosas más pequeñas. No podías confiar en nadie”, reconoce Axl.

Tampoco tenían contacto con la población local, y recuerdan una propiedad rodeada de vallas, cámaras, perros guardianes sueltos por la noche y trabajadores españoles que supervisaban algunas labores.

“Vivíamos en un pequeño mundo aislado, como si estuviéramos en una isla, y aquella era toda tu vida. No había nada más”, explica Tiffany.

La comunicación familiar también estaba vigilada y se revisaban los correos.

Al llegar a la finca, añade, les retiraban teléfonos, pasaportes, tarjetas sanitarias, fotos y objetos personales.

“Siempre me sentí terriblemente sola en España. No podía hablar con nadie sobre cómo me sentía realmente”, lamenta esta joven, que recuerda que la comunicación cotidiana entre los jóvenes estaba tan controlada que debían usar walkie-talkies para hablar entre ellos.

Sin autorización española

Distintas instituciones neerlandesas advirtieron sobre esta situación hacía años, pero se siguió enviando menores a Huize Soria.

En 2021, cinco jóvenes acudieron al defensor de los menores de Ámsterdam y una investigación posterior identificó una “cultura represiva” y medidas restrictivas contrarias a los derechos de la infancia.

En 2024, varios tribunales advirtieron de que las derivaciones requerían autorización española, pero siguieron produciéndose internamientos sin ese permiso.

La inspección neerlandesa alegó carecer de competencias para supervisar centros en el extranjero y nadie comprobó que Huize Soria tuviera los permisos necesarios como centro de menores.

Tras conocerse estos testimonios, la Comunidad Valenciana ordenó el “cese inmediato de la actividad” del centro y amenazó con abrir un expediente sancionador.

En una respuesta remitida a EFE, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia confirma que el proyecto Finca Soria, domiciliado en Aspe, no figura en el Registro General de Titulares de Actividades, de Servicios y de Centros de Servicios Sociales (RECESO).

“El centro no cuenta con la preceptiva autorización de funcionamiento, lo que vulnera la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos”, señala la administración valenciana.

El Gobierno neerlandés, entretanto, ha descartado una investigación independiente sobre las derivaciones, aunque ha pedido suspender temporalmente envíos de menores al extranjero.

Huize Soria niega las acusaciones y ha anunciado denuncias por difamación y calumnias contra Nieuwsuur y los antiguos residentes citados.

Las secuelas

Al regresar a Países Bajos, Axl intentó contar lo ocurrido, pero asegura que su padre no le creyó, lo que deterioró aún más su relación familiar y agravó sus dificultades para gestionar la rabia y confiar en los demás.

“Pasé tres años reprimiendo mis emociones porque no podía hablar con nadie. Cuando regresé a Países Bajos, toda esa rabia seguía dentro de mí”, señala, mencionando que volvió a “desviarse del camino” al volver de España.

Ahora, padre de una niña, asegura: “Nunca haría eso a un hijo”.

Tiffany, a quien obligaron a cortarse la melena, también arrastra dificultades para establecer relaciones e ironiza con su desconcierto al recuperar la libertad de comunicarse.

“La primera vez que alguien me habló directamente, empecé a buscar mi walkie-talkie, porque no sabía cómo comunicarme con esa persona”, dice.

Estos jóvenes quieren investigaciones, atención psicológica y mayor supervisión de los centros que acogen menores neerlandeses en el extranjero, que se extienden de Francia a Marruecos.

“Una disculpa estaría bien, pero no soluciona nada. Una indemnización tampoco va a curarme”, concluye Axl, que añade: “Les reprocho que me hayan robado mi infancia”.

Imane Rachidi

Por EFE

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