La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) reclamó este lunes al Gobierno que le debe $3 millones a los dueños de hogares de cuido de larga duración por presunta fallas en el nuevo sistema de manejo financiero gubernamental ERP.
Según dijo en un comunicado Jonathan Morales Adorno, presidente de FICPRO, de la información, reclamaciones y casos recibidos de los 628 hogares alrededor de Puerto Rico afiliados a FICPRO, se estima que la deuda acumulada ronda los $3 millones.
Esto no incluye el monto total, ya que no incluye las deudas a los sobre 600 hogares afiliados a la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración.
"Sin lugar a duda, esta cifra refleja la magnitud de una situación que podría continuar aumentando, ya que todavía existen instituciones que han reportado meses de atraso, pero no han suministrado la cantidad exacta que se les adeuda", advirtió Morales Adorno en la nota.
Morales Adorno mencionó que cuentan con atrasos de sobre $100,000, otros de $50,000 o $20,000.
"La realidad es que todo el que brinda un servicio requiere su pago para continuar operando, máxime cuando ese dinero involucra la supervivencia y el bienestar de miles de personas de la tercera edad", dijo.
En algunos casos, los atrasos reportados se remontan a enero de 2026.
"Durante todo este tiempo, los adultos mayores hemos continuado brindando alimentación, medicamentos, supervisión, atención y cuidado las 24 horas, mientras las instituciones han tenido que asumir sus costos operacionales sin recibir oportunamente el dinero correspondiente", indicó.
Morales Adorno afirmó que los hogares de cuido prolongado son negocios privados, pero que el Gobierno utiliza sus servicios para ubicar y atender adultos mayores bajo su responsabilidad.
Los adultos "reciben un servicio que tiene costos: alimentación, personal, medicamentos, agua, energía eléctrica, mantenimiento y atención las 24 horas", indicó.
"Este servicio tiene que pagarse, y tiene que pagarse a tiempo. Ser un negocio privado no significa que tengamos que financiar al Gobierno los servicios que contrata", apuntó.
La FICPRO solicitó al Departamento de la Familia, al Departamento de Hacienda y a las agencias correspondientes que atiendan esta situación con carácter de urgencia, identifiquen la totalidad de las cuentas pendientes y establezcan fechas concretas para el desembolso de los pagos.