La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, publicó el jueves una auditoría que identificó obras por 7,035,757 dólares realizadas sin subasta pública y pagos indebidos por 458,709 dólares en el Municipio de Guaynabo.
El informe OC-27-14 contiene cinco hallazgos y tres comentarios especiales sobre las operaciones fiscales y administrativas municipales entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024.
Según la auditoría, las obras y mejoras fueron contratadas mediante enmiendas que excedieron los límites legales sin la aprobación de la Junta de Subastas ni la preparación de órdenes de cambio.
Los pagos indebidos por 458,709 dólares estuvieron relacionados con enmiendas retroactivas a contratos de construcción y servicios profesionales. Tampoco se encontraron informes detallados para verificar que los trabajos se realizaron durante la vigencia de los acuerdos.
Otro hallazgo señala que el municipio asumió costos por 369,425 dólares y no reclamó 27,006 dólares después de permitir que un licitador retirara su oferta una vez celebrada la subasta. La obra fue adjudicada posteriormente al segundo postor más alto.
Además, Guaynabo pagó 144,570 dólares en exceso por errores en el cálculo de costos administrativos, contribuciones y seguros incluidos en facturas de trabajos de construcción.
El municipio también aprobó enmiendas a un contrato sin exigir al contratista las fianzas correspondientes, lo que dejó sin cubierta 2,856,918 dólares del valor contratado.
Entre los comentarios especiales, la Contraloría señaló la contratación de una corporación para inspeccionar y supervisar obras, aunque la licencia de ingeniería de su accionista estaba suspendida desde 2015. El informe indica que esa situación podría constituir práctica ilegal.
La auditoría también identificó retrasos en la contratación y entrega de estados financieros, así como falta de fiscalización de la Comisión de Auditoría Interna, Ética y Asuntos del Contralor de la Legislatura Municipal.
El informe emitió una opinión cualificada al concluir que las operaciones se realizaron conforme a la ley en la mayoría de sus aspectos, excepto por las situaciones señaladas. Vega Fournier recomendó recobrar los pagos indebidos, reforzar la revisión de facturas y exigir las subastas, autorizaciones y fianzas requeridas.