La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un controvertido ente impuesto hace una década por Estados Unidos para reestructurar la deuda de Puerto Rico y controlar sus finanzas públicas, defendió este martes su decisión de revocar la aprobación del contrato de 5,900 millones de dólares y 10 años de duración entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Power Expectations LLC, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor LLC para instalar sistemas de generación temporal.
"La reciente revocación por parte de la Junta de Supervisión de su aprobación del contrato de 5,900 millones de dólares y 10 años de duración entre la PREPA, Power Expectations LLC, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor LLC para la instalación de sistemas temporales de generación de energía era inevitable y redundaba en beneficio del pueblo de Puerto Rico", esgrimió la JSF en un comunicado.
Para la JSF, "es revelador que el presunto fraude y la falsificación se produjeran tras la revisión de la Junta de Supervisión", y explicó que remitieron el asunto "a las fuerzas del orden federales".
A su juicio, "un grupo agresivo de fondos de cobertura de Nueva York está intentando utilizar esta contratación pública para conseguir lo que realmente quieren: 12,000 millones de dólares de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA), lo que perjudicaría la reconstrucción y el mantenimiento del sistema energético de Puerto Rico".
"Estos fondos de cobertura siguen obstaculizando la salida de la PREPA del proceso similar a una quiebra previsto en el Título III de la ley PROMESA, así como la necesidad del pueblo de Puerto Rico de contar con una empresa de servicios públicos que funcione y sea financieramente sólida", añadió el documento.
Por su parte, el grupo de acreedores de la AEE reclamó esta mañana que el organismo se debe reconfigurar o se suprimir porque es un obstáculo en la reestructuración de la compañía eléctrica por respaldar el contrato de generación temporal concedido a Power Expectations.
La ley Promesa fue aprobada en 2016 en el Congreso en Estados Unidos para ayudar a gestionar la crisis de Puerto Rico derivada de su multimillonaria deuda pública y para establecer, asimismo, la JSF para el archipiélago.
En este sentido, la JSF fue creada para reestructurar la deuda de Puerto Rico, que ascendía a 70,000 millones de dólares, y supervisar sus finanzas públicas.