Dicen en Puerto Rico que al que no le gusta el caldo le dan tres tazas. En Washington quizás deberían ir buscando una olla más grande. Después de casi dos años de redadas, deportaciones y una política migratoria cada vez más dura, las encuestas revelan una ironía: el electorado latino muestra renovadas ganas de hacerse sentir. Según NBC News/Telemundo, el 62% de los electores latinos registrados dice estar más motivado que en otros midterms, y el 54% ve su voto como una forma de expresar oposición a Donald Trump.
¿Y de cuánta gente hablamos? Pew Research Center calcula que hay 39 millones de latinos elegibles para votar, 5.2 millones más que en 2022. En 2024, Trump consiguió el 48% del voto latino, casi empatando con el 51% de Kamala Harris. Hoy, NBC News/Telemundo encuentra que el 59% prefiere un Congreso demócrata y el 35%, uno republicano. Más revelador todavía: de los latinos que votaron por Trump, un 14% ahora prefiere el control demócrata y otro 8% está indeciso. Son elecciones y preguntas distintas, pero el cambio merece atención. Y hay otro dato que difícilmente puede pasar inadvertido en la Casa Blanca: según Pew Research Center, siete de cada diez votantes latinos consideran que las políticas de Trump han perjudicado a los hispanos. Una percepción que cobra especial relevancia ante el cambio de preferencias electorales que reflejan las encuestas.
Lo paradójico es que, mientras nuestra población crece, algunos mapas parecen empeñados en hacernos más pequeños. Basta mirar a Kissimmee. Tras el rediseño del distrito del congresista puertorriqueño Darren Soto, la proporción de residentes hispanos bajó del 54% al 41%; la puertorriqueña, del 26% al 17%, según The Washington Post. La comunidad quedó repartida entre cuatro distritos. Sus críticos denuncian que detrás de esta redistribución existe una intención deliberada de fragmentar el voto latino y debilitar su capacidad para elegir representantes al Congreso. Porque una cosa es cuántos somos y otra muy distinta cuánto poder electoral nos permiten ejercer.
Y cuando parecía que ya no quedaban más líneas por mover, ahora quieren cambiar hasta quién cuenta. Literalmente. Para el Censo de 2030, la administración Trump propone eliminar las preguntas sobre raza y origen étnico y excluir a quienes no sean ciudadanos o residentes permanentes del cálculo para repartir escaños en el Congreso. ¡Vaya manera de contar mejor! Se pretende dejar de identificar a comunidades enteras y excluir a parte de la población del reparto de representación política. Porque nadie desaparece por dejar de figurar en una estadística, pero sí puede perder peso político. Y esto nos deja deja una pregunta incómoda: ¿a quién beneficia que nuestras comunidades sean cada vez menos visibles?
Y que nadie piense que los midterms son asunto ajeno para Puerto Rico. En los estados vivimos 6.1 millones de personas de origen puertorriqueño, y quienes podemos votar participamos en la elección de un Congreso cuyas decisiones también repercuten en la Isla. ¿Y Jenniffer González? Si cambia la mayoría en la Cámara, sus aliados republicanos podrían perder el control de los comités y la agenda legislativa. Su cercanía con Trump, si alguna vez existió, seguiría intacta, pero en Washington una cosa es tener buenos contactos y otra muy distinta que esos contactos sigan teniendo el poder.
Así que la pregunta no es solamente cuántos latinos somos. Es cuánto vale nuestra presencia cuando se diseñan distritos, se cuentan habitantes y se reparten espacios de poder. El 3 de noviembre no resolverá todas esas disputas. Se puede redibujar un distrito y eliminar preguntas de un formulario. Lo que no desaparece por decreto es la comunidad que vive detrás de esos números.