La iniciativa de los alcaldes de Camuy, Hatillo y Lares para rehabilitar y reabrir el Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy merece ser considerada con seriedad. Su propuesta de transferir la administración a la Compañía de Turismo abre una oportunidad para examinar cómo aprovechar responsablemente uno de nuestros principales atractivos naturales y promover el desarrollo económico de la región.
El Artículo VI, Sección 19, de la Constitución de Puerto Rico establece como política pública la más eficaz conservación de nuestros recursos naturales, así como su desarrollo y aprovechamiento para el beneficio general de la comunidad. Ambas responsabilidades deben ir de la mano. De poco sirve contar con un extraordinario patrimonio natural si carecemos de los recursos necesarios para mantenerlo accesible y seguro para las familias puertorriqueñas y quienes nos visitan.
Las cavernas deben estar bajo la administración de una entidad con la capacidad presupuestaria y operacional para garantizar su funcionamiento. No sería la primera vez que nuestros parques nacionales responden a distintas estructuras gubernamentales. Después de todo, durante años el Programa de Parques Nacionales estuvo adscrito al Departamento de Recreación y Deportes.
Sin embargo, administrar un parque y ejercer jurisdicción sobre sus recursos naturales son funciones distintas. La propuesta de los alcaldes reconoce que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales debe conservar sus responsabilidades de protección ambiental. El traspaso administrativo no elimina, por sí mismo, sus facultades de conservar, regular y fiscalizar las actividades que allí se desarrollen.
La Ley Núm. 111 de 1985 exige el consentimiento previo y escrito del secretario del DRNA para determinadas actividades turísticas o comerciales dentro de cuevas y cavernas. Asimismo, cualquier modelo de operación deberá cumplir con las autorizaciones ambientales y concesiones que legalmente correspondan.
Pero hay otra realidad que conozco de primera mano, la administración de instalaciones recreativas y turísticas consume recursos presupuestarios y operacionales que la agencia necesita para cumplir su misión fundamental.
El mantenimiento de infraestructura, las reparaciones, la seguridad y la operación cotidiana de estas instalaciones requieren inversiones considerables. Son recursos que dejan de estar disponibles para fortalecer la vigilancia ambiental, la conservación de nuestros ecosistemas y la investigación científica.
El DRNA no debe convertirse en un operador turístico a costa de su misión principal: proteger, conservar, investigar y fiscalizar nuestros recursos naturales. Una transferencia bien estructurada permitiría que una entidad especializada atienda la operación del parque, mientras el DRNA concentra sus esfuerzos en sus responsabilidades ambientales.
Costa Rica ofrece un referente de cómo la conservación puede impulsar una industria ecoturística competitiva. Puerto Rico tiene el potencial de avanzar hacia un modelo similar, mediante planificación, inversión, manejo científico y colaboración entre el Gobierno, los municipios y el sector privado.
Las Cavernas del Río Camuy pueden convertirse en un ejemplo de ese equilibrio, generando empleos y oportunidades económicas sin comprometer su extraordinario valor ecológico y geológico.
No debemos confundir la conservación con mantener cerrados nuestros espacios naturales por falta de recursos para administrarlos. Conservar también significa garantizar las condiciones para que puedan disfrutarse responsablemente.
Porque tan importante como conservar nuestros recursos naturales es garantizar que el pueblo pueda disfrutarlos. Ambas responsabilidades forman parte del mismo mandato constitucional.