El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió este sábado la reforma judicial que estipula el recién aprobado Proyecto del Senado 1096, que establece una nueva Ley del Poder Judicial de Puerto Rico.
Así respondió a las críticas vertidas ayer por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, quien exhortó a la gobernadora, Jenniffer González Colón, a vetar la medida.
"Si genuinamente usted cree que se afecta el orden constitucional con la aprobación del P. del S. 1096 (Reforma Judicial), es su deber, además de expresarse, impugnar en los tribunales una vez la controversia esté madura", escribió Rivera Schatz en su mensaje matutino en redes sociales.
"Su llamado y petición pública a la gobernadora para que vete la medida, mientras usted tiene ante sí un pleito de sumo interés del Ejecutivo contra LUMA, pudiera afectar el "diseño ético" de la judicatura", añadió.
El presidente del Senado señaló que, en el diseño constitucional de Puerto Rico, "NO hay monarcas en el poder ejecutivo, legislativo ni judicial".
"La histeria, la desesperación, el autoritarismo y la impunidad tampoco son elementos aceptables en nuestro ordenamiento constitucional", concluyó.
El Proyecto del Senado 1096, que derogaría la Ley de la Judicatura de 2003, establece cambios en la organización y funcionamiento de los tribunales y en la distribución de responsabilidades entre el pleno del Tribunal Supremo y quien ocupa la presidencia del mismo.
"Hoy se ha consumado una decisión legislativa de profunda gravedad para el orden constitucional de Puerto Rico", denunció Oronoz Rodríguez, quien señaló que la medida "trastoca el diseño constitucional de la administración judicial y amenaza con debilitar el funcionamiento de una de las tres ramas de gobierno".
Oronoz Rodríguez explicó en declaraciones escritas que la Constitución de Puerto Rico establece una distribución clara de responsabilidades: el Tribunal Supremo adopta las reglas para la administración de los tribunales y el juez presidente dirige esa administración.
"El proyecto aprobado desvirtúa esa distinción al trasladar al Pleno decisiones esenciales para ejercer la dirección administrativa, mientras mantiene sobre la Presidencia la responsabilidad constitucional de responder por el funcionamiento del sistema judicial", detalló. EFE
mv