El Poder Judicial no es responsable de la salud mental del país, pero tampoco es un espectador
Las expresiones contenidas en esta columna no representan la postura institucional del Poder Judicial conforme dispone el Canon 24 de Ética Judicial, y son compartidas en estricto apego a la facultad conferida por el Canon 25 de Ética Judicial.
Hay una pregunta que se repite en la conversación pública cada vez que ocurre una tragedia: ¿quién falló? Y casi siempre, la mirada termina en el tribunal. La Federación de la Magistratura de Puerto Rico entiende que esa conclusión es cómoda, pero es inexacta.
El Sistema Judicial no puede ser responsable de la caída en la salud mental de la ciudadanía. Los tribunales no crean la ansiedad de una familia que no llega a fin de mes, ni la depresión de un adolescente que no encontró a tiempo a quién hablarle, ni el agotamiento de un empleado que carga solo con todo. Un juez resuelve controversias. No administra clínicas.
Pero conviene mirar el problema completo. Los datos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) indican que uno de cada cinco niños en la isla enfrenta algún problema de salud mental, y solo dos de cada diez reciben atención a tiempo. Entre los adolescentes, 17.2% ha considerado el suicidio y 19.5% reporta síntomas de depresión. En el mundo laboral, el Índice de Salud Mental de TELUS Health 2026, que incluyó 500 trabajadores de Puerto Rico, halló que 28% afirma que su salud mental afecta su productividad, 24% reporta una necesidad de apoyo no satisfecha y 53% no cuenta con ahorros de emergencia.
Esas cifras no nacen en el salón de sesiones. Nacen en la mesa de la cocina, en el pasillo de la escuela, en la oficina y en el negocio que depende de un solo dueño agotado. El tribunal las ve después, cuando el conflicto ya tiene forma de caso: una custodia disputada, una orden de protección, una reclamación laboral, un negocio que se cae. Llega tarde porque así está diseñado. Es el último eslabón, no el primero.
Y ahí aparece el verdadero problema. Cuando algo falla en tantos frentes a la vez, nadie lo reclama como suyo. La familia espera que la escuela detecte. La escuela espera que el Gobierno provea. El patrono espera que el empleado «resuelva lo suyo en casa». El Gobierno espera que el tercer sector llene el vacío. La culpa siempre es huérfana, y mientras nadie la adopte, la persona que sufre sigue esperando.
¿Qué le corresponde a cada cual?
La Federación propone cuatro responsabilidades concretas.
En la familia, hablar sin estigma y buscar ayuda profesional a tiempo. Un diagnóstico no es una falla de carácter.
En los negocios y centros de trabajo, programas de ayuda al empleado, supervisores que ofrezcan alternativas antes de sancionar y una cultura donde pedir apoyo no cueste el puesto. Invertir en bienestar es también una decisión de productividad.
En el Estado, servicios accesibles, personal suficiente y prevención temprana, para que la persona no tenga que llegar a un tribunal para ser atendida.
En el Poder Judicial, lo que sí es suyo: tribunales accesibles y humanos, el uso pleno de las salas especializadas y, como hemos señalado anteriormente, el cuidado de quienes administran justicia. Un juez agotado no puede atender bien a una ciudadanía quebrantada.
Nada de esto exime a nadie. Lo que sí hace es repartir la tarea. La salud mental de un país es una obligación compartida, y las obligaciones compartidas se cumplen cuando cada parte reconoce la suya.
Dejemos de buscar a quién culpar y empecemos a preguntar quién se hace cargo. La respuesta correcta, casi siempre, es «todos». Y ahí está la dificultad, porque lo que es de todos suele terminar siendo de nadie.