Los asesinatos del abogado Luis Quiñones González y del exactivista Félix Plaud de Choudens estremecen a Puerto Rico y obligan a formular preguntas difíciles. William Noel Rivera Sánchez, identificado por las autoridades como responsable, había acudido a los tribunales por controversias económicas. Sus alegaciones de fraude no deben confundirse con hechos adjudicados. Ninguna pérdida económica, frustración o inconformidad judicial justifica arrebatar una vida.
Precisamente porque la violencia es injustificable, debemos examinar la respuesta institucional. ¿Qué hizo el tribunal ante las reclamaciones? ¿Con qué urgencia se atendieron? ¿Qué ocurrió con los acuerdos y sus alegados incumplimientos? ¿Existieron amenazas, denuncias o señales de conocidas por alguna agencia? ¿Hubo solicitudes de protección? Estas preguntas requieren expedientes, fechas y respuestas verificables, no especulaciones ni defensas automáticas del sistema.
No podemos afirmar, sin esa revisión, que una actuación judicial distinta habría evitado estas muertes. Tampoco podemos cerrar la discusión diciendo que se trataba simplemente de un pleito civil. Cuando una controversia incorpora amenazas o conductas intimidatorias, su atención exige valorar el riesgo y coordinar respuestas conforme a derecho. Una deuda no demuestra peligrosidad; una amenaza tampoco debe minimizarse porque nazca de una deuda.
El caso del biólogo Roberto Viqueira y el doble asesinato relacionado con una disputa de colindancias frente al Tribunal de Caguas nos recuerdan que los conflictos entre particulares pueden terminar en desenlaces letales. Sus circunstancias son distintas y no permiten atribuir una misma responsabilidad institucional. Sí justifican preguntarnos qué hemos aprendido y qué medidas hemos fortalecido para identificar riesgos.
El Estado debe responder con diligencia independientemente del apellido, profesión, influencia política o capacidad económica de quienes comparecen. Eso exige recursos para tramitar reclamaciones, seguimiento a órdenes judiciales, orientación comprensible y canales efectivos para denunciar amenazas. También requiere coordinación entre tribunales, policía y fiscalía cuando existan indicadores documentados de peligro. La mediación puede ayudar en controversias apropiadas, pero nunca sustituir la protección necesaria ante riesgos de violencia.
La ciudadanía merece conocer cuánto tardan los procesos, cómo se atienden los incumplimientos y qué ocurre cuando alguien alerta sobre un peligro. Reclamar transparencia no equivale a responsabilizar automáticamente a jueces o funcionarios; significa exigir evaluación, rendición de cuentas y correcciones donde correspondan.
Puerto Rico necesita una justicia accesible, oportuna y capaz de reconocer que detrás de cada expediente hay personas. La responsabilidad por matar corresponde a quien mata. La obligación de revisar cómo prevenir futuras tragedias corresponde al Estado y exige acción, no solamente condolencias cuando llega la tragedia.