La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, debe renunciar.
Debe renunciar porque su permanencia al frente de una de las agencias más sensibles del Gobierno se ha convertido en un problema de credibilidad, confianza y responsabilidad pública.
Debe renunciar porque la controversia relacionada con la selección de NOLA Education para desarrollar el programa Star Academy, mediante una propuesta de aproximadamente $38.5 millones, ha dejado demasiadas preguntas sin respuestas satisfactorias.
Debe renunciar porque los testimonios contradictorios, las alegaciones de presiones internas, los cuestionamientos sobre el proceso de evaluación y la resistencia que ha caracterizado algunas de las explicaciones ofrecidas por la secretaria han deteriorado seriamente la confianza.
En este caso, esa confianza está profundamente comprometida.
El Departamento de la Familia no es una agencia cualquiera. Es la institución a la que Puerto Rico le encomienda la protección de algunas de sus poblaciones más vulnerables, de los niños expuestos al maltrato, adultos mayores desprotegidos, personas con diversidad funcional, familias que viven en condiciones de pobreza y ciudadanos cuya supervivencia depende, muchas veces, de la respuesta oportuna del Estado.
Detrás de cada programa, de cada asignación presupuestaria y de cada decisión administrativa hay seres humanos que no pueden darse el lujo de esperar a que se resuelvan las disputas políticas.
Por eso, la dirección de esta agencia exige mucho más que capacidad para defenderse de señalamientos. Exige sensibilidad, transparencia, liderazgo y una credibilidad incuestionable.
Y hace tiempo que Suzanne Roig dejó de proyectarse como la persona indicada para asumir esa responsabilidad.
La controversia de NOLA Education no puede despacharse con el argumento de que el contrato finalmente no se formalizó y que no hubo desembolso de fondos públicos. Esa explicación, aunque relevante, no elimina la obligación de esclarecer cómo se desarrolló el proceso, quiénes participaron, qué criterios se utilizaron y por qué una iniciativa de semejante magnitud avanzó hasta una notificación de adjudicación antes de ser cancelada.
El problema ha trascendido una controversia contractual. Desde «Baby», la capacidad de la secretaria de transmitir seguridad a quienes dependen de sus servicios, se esfumó.
La gobernadora Jenniffer González tiene también una responsabilidad ineludible. La confianza pública no se decreta desde La Fortaleza.
Puerto Rico necesita un Departamento de la Familia concentrado en proteger a quienes más lo necesitan, no una agencia cuya dirección esté permanentemente ocupada respondiendo a controversias sobre su propia gestión.
Renunciar no equivale a admitir culpa. En ocasiones, constituye el reconocimiento de que la institución debe estar por encima de quien circunstancialmente la dirige.
Suzanne Roig tiene derecho a defender su reputación y a responder a todos los señalamientos. Ese derecho no está en discusión.
Lo que sí está en discusión es si puede continuar ejerciendo eficazmente el liderazgo de una agencia que requiere una confianza que hoy no logra proyectar.
Desde Prensa Abierta entendemos que no.
Por respeto a los empleados públicos que sostienen los servicios del Departamento de la Familia, por respeto a los ciudadanos que esperan respuestas y, sobre todo, por respeto a las poblaciones más vulnerables de Puerto Rico, Suzanne Roig debe renunciar.
Ningún funcionario es más importante que la institución que tiene el deber de servir.